Una de las cosas más importantes de la Ley Antifraude de 2021. El objetivo de esta ley es modernizar y fortalecer el sistema fiscal español para evitar prácticas de elusión y evasión fiscal.
Aquí es donde entra en juego Verifactu como una herramienta fundamental para garantizar la transparencia en las operaciones económicas.
Es un sistema de emisión de facturas electrónicas verificables impulsado por la AEAT. Su objetivo principal es combatir el fraude fiscal y fomentar la digitalización de los procesos contables en las empresas.
Establece una serie de requisitos técnicos y funcionales que los sistemas de facturación electrónica deben cumplir para garantizar:
La integridad de los registros de operaciones económicas
Es decir no deben ser alterados sin que el software lo detecte y notifique la incidencia.
Trazabilidad
Se refiere a la capacidad de seguir el rastro y la historia de una factura desde su creación hasta su almacenamiento final.
Preservación, disponibilidad y legibilidad
Se debe garantizar la conservación de los registros contables durante el período legalmente establecido por 5 años, así como facilitar su acceso y comprensión por parte de los usuarios autorizados.
VeriFactu entrará en vigor de manera gradual a partir del 1 de julio de 2025, afectando inicialmente a empresas y autónomos con facturación anual inferior a 6 millones.
Esta implementación progresiva permitirá a las empresas adaptarse a los nuevos requisitos y asegurar una transición suave hacia la facturación electrónica.
La normativa se aplicará de forma diferenciada a distintos sectores económicos, considerando sus particularidades y volumen de operaciones.
Esta adaptación sectorial busca minimizar el impacto y garantizar una implementación exitosa de VeriFactu en todo el tejido empresarial español.
La AEAT, como máxima autoridad tributaria en España, ha desarrollado VeriFactu como una herramienta para garantizar mayor transparencia y eficacia en la gestión de impuestos.
El funcionamiento de VeriFactu se basa en los siguientes pasos:
Estarías incumpliendo la ley antifraude, el seguir usando un software no adaptado implica sanciones de hasta 50.000 euros por cada ejercicio que lo use.
Por no cumplir con la normativa VeriFactu, las empresas y profesionales pueden enfrentar sanciones económicas significativas. Estas multas pueden llegar a ser bastante elevadas y varían dependiendo de la gravedad de la infracción.
Además de las multas, también pueden existir otras sanciones como la responsabilidad solidaria de los administradores o la inhabilitación para obtener subvenciones, sin olvidar las denuncias penales en los casos más graves.
En resumen, no cumplir con VeriFactu puede resultar costoso tanto a nivel económico como legal.
El Reglamento VeriFactu es una normativa española que establece las reglas para la emisión y gestión de facturas digitales.
Con el foco en su lucha contra el fraude fiscal mejora la transparencia en las operaciones económicas y la adaptación a los estándares europeos en materia de facturación electrónica.
Al alinearse con las directivas comunitarias, este reglamento no solo fortalece el control fiscal a nivel nacional, sino que también facilita el comercio electrónico transfronterizo y contribuye a la construcción de un mercado único digital en la Unión Europea.
La Orden Ministerial HAC/1177/2024, publicada en el BOE el 28 de octubre de 2024, establece los requisitos técnicos y funcionales que deberán adoptar los sistemas informáticos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, conforme al Reglamento VeriFactu.
Con esta publicación se da un paso decisivo hacia la digitalización de la facturación en España.
Esta normativa, que concreta los requisitos técnicos para los sistemas de facturación, busca reforzar el control fiscal, simplificar los trámites administrativos y mejorar la eficiencia en la gestión tributaria.
Las empresas tienen ahora nueve meses para adaptar sus productos a esta nueva realidad.
VeriFactu como sistema de emisión de facturas electrónicas añade un nivel de seguridad y control al establecer requisitos técnicos y obligar el envío de los datos a la Agencia Tributaria, esto refuerza la lucha contra el fraude fiscal y facilita la gestión tributaria.
La factura electrónica está regulada por 2 desarrollos en paralelo:
Aprobada en septiembre de 2022 por el ministerio de economía, con objetivo de controlar la morosidad.
La novedad más importante de esta ley es la factura electrónica, según el artículo 12 destaca lo siguiente “Todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales”.
En pocas palabras seas autónomo o sociedad, si tienes a clientes o proveedores que también son autónomos o empresas, esta ley te va a obligar a emitir o recibir facturas electrónicas.
Aprobada en julio de 2021 por el ministerio de hacienda, con el objetivo de perseguir el fraude fiscal. La medida más importante que se destaca en esta ley tiene que ver con el cambio en los requisitos que deberás cumplir si tienes un programa de facturación electrónica.
Básicamente lo que quiere hacer Hacienda con esta ley es imponer unos nuevos requisitos que deberán cumplir todos los programas de facturación para ser legales.
VeriFactu, el nuevo sistema de facturación electrónica, también abarca las operaciones de autofacturación. Esto significa que las empresas que emiten facturas a sí mismas, como cooperativas o comunidades de bienes, deberán adaptar sus procesos para cumplir con los requisitos establecidos en la normativa.
Los sistemas de autofacturación deberán garantizar la misma seguridad, integridad y trazabilidad que cualquier otra factura, incorporando elementos como el código QR y cumpliendo con los formatos establecidos.
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